Marco legal

El PEDI se sustenta en las políticas enunciadas y aprobadas por el Consejo Universitario el 29 de octubre de 2014, mediante resolución Nro. C.U. 115-2014-UCACUE, de entre las cuales se resalta lo siguiente:

La Universidad Católica de Cuenca, creada mediante Decreto Supremo No. 409-A de 7 de septiembre de 1970 y publicado en el RO No. 76 de 7 de octubre del mismo año, es persona de derecho privado con finalidad social, sin propósito de lucro, y de acuerdo con la Constitución y la Ley recibe rentas y asignaciones del Estado. Su actividad inspirada en los valores del Evangelio y el humanismo cristiano y basada en la autonomía, tiene por objeto la educación, investigación y promoción del desarrollo integral de los pueblos con apertura a lo universal y al saber en cuanto servicio al hombre y respuesta a las demandas sociales, sin exclusivismos ni monopolios, cual compete a toda Universidad. Disfruta del poder de conferir grados y títulos de acuerdo con la Ley y los respectivos Reglamentos en las diferentes modalidades allí señaladas.

La Sede de Macas fue creada en 1973; la Sede de Azogues en 1980; la Extensión de Cañar en 1989; y, la Extensión de San Pablo de la Troncal en 1990.  Todas con carreras presenciales.  En 1990 se amplía a la modalidad abierta y a distancia.  En la modalidad no presencial,  la Matriz  tiene centros de apoyo en Méndez, Quito, Tena y Zamora.

MATRIZ, SEDES Y EXTENSIONES DE LA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA 

SEDE / EXTENSIÓN

PROVINCIA

CANTÓN

AÑO DE CREACIÓN

Matriz

Azuay

Cuenca

1970

Azogues

Cañar

Azogues

1980

Cañar

Cañar

Cañar

1989

Macas

Morona Santiago

Morona

1973

San Pablo de la Troncal

Cañar

La Trocal

1990

 

Las normas vigentes que sustentan el presente Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, son: la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, El Reglamento de Régimen Académico y el Estatuto Orgánico de la UCACUE.

Informe de Rendición de Cuentas 2014

Informe de Rendición de Cuentas 2014

La Ley Orgánica de Educación Superior (2010), en su artículo 25 dice que “Las instituciones del Sistema de Educación Superior deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y de los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, en coordinación con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a la información”.

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