Políticas institucionales

El PEDI se sustenta en las políticas enunciadas y aprobadas por el Consejo Universitario el 29 de octubre de 2014, mediante resolución Nro. C.U. 115-2014-UCACUE, de entre las cuales se resalta lo siguiente:

  • Para la UCACUE, el estudiante es el principal titular de derechos de la comunidad universitaria.
  • La UCACUE, permite el ingreso y pleno goce de derechos al personal académico, administrativo, estudiantes; y, a todo ser humano que acceda a sus servicios.
  • La UCACUE,  reconoce los principios de equidad, libertad, justicia y dignidad, como inalienables de todos los miembros de la Comunidad Educativa Católica.
  • La UCACUE, promueve la accesibilidad e inclusión de las personas  con  discapacidad. 
  • La UCACUE, promueve y garantiza la participación equitativa de las mujeres en los procesos universitarios eleccionarios y de representación.
  • La UCACUE, promueve y garantiza la participación equitativa de aquellos grupos históricamente excluidos en todos sus niveles e instancias
  • La UCACUE, promueve la consolidación de las familias, respeta la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción; por ello, reconoce los derechos de la mujer embarazada, en especial su atención prioritaria y recuperación después del embarazo.
  • El respeto a la dignidad constituye un valor altamente reconocido por la Universidad, como una Comunidad Católica respetuosa de los principios cristianos
  • Fiel a sus principios, garantiza el derecho a una educación superior de calidad que propende a la excelencia, a través de la participación de docentes en permanente formación y actualización, evaluados de forma continua  de conformidad con la normativa interna universitaria.
  • La UCACUE, defensora de los principios de inclusión, promoverá cursos de nivelación y actualización de conocimientos a los aspirantes que pretendan acceder a las carreas promocionadas en este centro de educación superior.
Informe de Rendición de Cuentas 2014

Informe de Rendición de Cuentas 2014

La Ley Orgánica de Educación Superior (2010), en su artículo 25 dice que “Las instituciones del Sistema de Educación Superior deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y de los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, en coordinación con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a la información”.

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